{"id":21,"date":"2009-07-05T16:45:16","date_gmt":"2009-07-05T14:45:16","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.uab.cat\/acaia\/archives\/21"},"modified":"2009-07-05T16:45:16","modified_gmt":"2009-07-05T14:45:16","slug":"amazonia-peruana-20090701","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webs.uab.cat\/acaia\/2009\/07\/05\/amazonia-peruana-20090701\/","title":{"rendered":"Amazonia Peruana 2009.07.01"},"content":{"rendered":"

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\u00a0<\/p>\n

Las medias verdades del ministro del Ambiente <\/strong><\/p>\n

Alberto Chirif <\/p>\n

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Sobre el petr\u00f3leo <\/strong><\/p>\n

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En una entrevista realizada por el diario El Comercio <\/em>(junio, 2009, p. 2, secci\u00f3n B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez m\u00e1s que ahora la explotaci\u00f3n de hidrocarburos es limpia y se realiza con un m\u00ednimo impacto. Puso \u00e9l como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPER\u00da. Frente a la pregunta de qui\u00e9n le ha garantizado que la empresa est\u00e9 reinyectando el 100% de las aguas de formaci\u00f3n, \u00e9l respondi\u00f3 que la propia Pluspetrol: \u201cEso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir\u201d<\/em>. <\/p>\n

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Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres a\u00f1os atr\u00e1s, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de an\u00e1lisis de los ministerios de Salud y de la Producci\u00f3n, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente. A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmaci\u00f3n de que hoy la explotaci\u00f3n de hidrocarburos es limpia no s\u00f3lo en el Corrientes, sino en todo el pa\u00eds. Pero su respuesta es tambi\u00e9n sorprendente porque de haber ido, \u00e9l no habr\u00eda podido comprobar nada, no s\u00f3lo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requer\u00eda era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyecci\u00f3n y por supuesto el avance de la remediaci\u00f3n, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforaci\u00f3n. <\/p>\n

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Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y s\u00f3lo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que tambi\u00e9n los ind\u00edgenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyecci\u00f3n de las aguas de formaci\u00f3n. Pero esto no es suficiente porque ellos no son t\u00e9cnicos en la materia, y as\u00ed como para denunciar la contaminaci\u00f3n tuvieron que basarse en an\u00e1lisis y supervisiones realizadas por terceros, as\u00ed tambi\u00e9n el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constituci\u00f3n, Art. 1\u00ba), est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal caracter\u00edstica de las relaciones entre las partes, un trabajo as\u00ed debe hacerse adem\u00e1s con participaci\u00f3n de los ind\u00edgenas y los equipos t\u00e9cnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol. <\/p>\n

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Pero sobre el tema hay m\u00e1s que decir. Una cuesti\u00f3n sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corriente se reinyectan las aguas de formaci\u00f3n a partir del a\u00f1o 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminaci\u00f3n y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el \u00faltimo momento el gobierno manej\u00f3 la posibilidad de una intervenci\u00f3n violenta para recobrar el control de la situaci\u00f3n. La reinyecci\u00f3n entonces no ha sido ni una concesi\u00f3n de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminaci\u00f3n. Por otro lado, la reinyecci\u00f3n se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no est\u00e1 prevista para otras cuencas donde se produce petr\u00f3leo desde antes de 2006, a\u00f1o en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprob\u00f3 el \u201cReglamento para la Protecci\u00f3n Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos\u201d (D.S. 015-2006\u00acEM), que indica: \u201cLa exigencia de la disposici\u00f3n final del Agua de Producci\u00f3n mediante el sistema de reinyecci\u00f3n operar\u00e1 para los Yacimientos que a la fecha de expedici\u00f3n del presente Reglamento no se encuentran en producci\u00f3n, salvo que en los respectivos instrumentos de gesti\u00f3n ambiental se haya considerado la disposici\u00f3n del Agua de Producci\u00f3n mediante la reinyecci\u00f3n, en cuyo caso operar\u00e1 esto \u00faltimo\u201d <\/em>(quinta disposici\u00f3n final). <\/p>\n

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Con esto quiero decir que el ministro Brack no est\u00e1 dando el cr\u00e9dito de la reinyecci\u00f3n a quien corresponde, como deber\u00eda ser. M\u00e1s aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formaci\u00f3n de pozos que estaban en producci\u00f3n desde antes de la aprobaci\u00f3n del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petr\u00f3leo. Y esto es bueno para todo el pa\u00eds. <\/p>\n

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Otro asunto sobre el que quiero llamar la atenci\u00f3n es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organizaci\u00f3n achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicaci\u00f3n a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las \u00e1reas naturales protegidas, constituyen propiedad p\u00fablica. All\u00ed, las aguas de formaci\u00f3n se siguen vertiendo a r\u00edos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presi\u00f3n externa, el Estado no tiene intenci\u00f3n alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos est\u00e9 el de: \u201cPrevenir la degradaci\u00f3n del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten\u201d <\/em>y dentro de su estructura se encuentre el Servicio Nacional de \u00c1reas Naturales Protegidas, cuya principal funci\u00f3n es \u201cConducir el Sistema Nacional de \u00c1reas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)\u201d<\/em>. <\/p>\n

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En otros lugares tampoco el trabajo de hidrocarburos es lo limpio que afirma el ministro, por ejemplo, en la quebrada Ram\u00edrez, a apenas unos 20 minutos de Iquitos, de la que se surten de agua los pobladores de Barrio Florido y otros asentamientos vecinos. An\u00e1lisis realizados en 2008 en esa quebrada, que recibe los efluentes de la refiner\u00eda de Iquitos, determinaron que los par\u00e1metros encontrados sobrepasan los l\u00edmites m\u00e1ximos permisibles (LMP) en los casos de aceites y grasas, con 2,29 mg\/L (miligramos por litro), bario, con 5,00 mg\/L y cromo, con 0,01 mg\/L. Los LMP son, respectivamente, 0,5-1,5 mg\/L, 0,3 mg\/L y 0,0002 mg\/L. La situaci\u00f3n en el Napo es tambi\u00e9n muy mala, aunque \u00e9sta puede ser atribuida a la explotaci\u00f3n petrolera realizada en Ecuador, pero es previsible que se complique m\u00e1s cuando comience la actividad en la parte peruana de la cuenca. El estudio citado termina afirmando que: \u201cLas aguas de los r\u00edos: Napo y Amazonas; as\u00ed como de la quebrada Ram\u00edrez, no son aptas para el consumo humano\u201d<\/em>. Pero, sin embargo, se consumen. (Ver \u201cInforme del avance del diagn\u00f3stico ambiental de los componentes: hidrolog\u00eda e hidrograf\u00eda\u201d. Zonificaci\u00f3n Ecol\u00f3gica Econ\u00f3mica Bellavista-Maz\u00e1n. C\u00e9sar S\u00e1enz. Octubre 2008, pp. 26 y 44). <\/p>\n

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Sobre las tierras ind\u00edgenas <\/strong><\/p>\n

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Durante semanas, a trav\u00e9s de la radio y la televisi\u00f3n, el ministro del ambiente se ha referido al tema de las tierras ind\u00edgenas, y sus opiniones han quedado luego escritas en un pronunciamiento del MINAM (ver diario La Rep\u00fablica<\/em>, mayo 25, 2009). En este aspecto, el c\u00famulo de medias verdades es inmenso. \u00c9l trata de desmentir lo que califica de \u201cfalsas versiones\u201d <\/em>respecto a los intentos del gobierno de privatizar las tierras de los ind\u00edgenas. Pero \u00bfqu\u00e9 m\u00e1s declaraci\u00f3n de intenciones se le puede pedir a un gobierno que ha se\u00f1alado, nada menos que a trav\u00e9s de su principal representante, el presidente Alan Garc\u00eda, que el problema de esas tierras es que no son transables<\/em>? Si \u00e9se es el problema desde su punto de vista, pues hay que hacer que sean transables, y es en esa direcci\u00f3n hacia donde apuntaban los decretos cuestionados. <\/p>\n

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La afirmaci\u00f3n del ministro Brack de que el Estado \u201cha otorgado a los pueblos originarios de la Amazon\u00eda cerca de 11 millones de hect\u00e1reas de tierras, en su mayor\u00eda bosques primarios (sin intervenci\u00f3n alguna)\u201d<\/em>, est\u00e1 cargada de una serie de apreciaciones mal fundadas. Seg\u00fan el diccionario de la Academia Espa\u00f1ola de la Lengua, otorgar significa: consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta; hacer merced y gracia de una cosa; y disponer, establecer, ofrecer, estipular \u00a0o prometer una cosa<\/em>. Queda claro que otorgar es un verbo que denota que quien concede hace un favor. Pero la cosa no es as\u00ed en el caso de los pueblos ind\u00edgenas. <\/em><\/p>\n

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El Estado no concede tierras de favor a los ind\u00edgenas sino que se las titula, y el concepto de titulaci\u00f3n aplicado a los pueblos ind\u00edgenas en el Per\u00fa no es el de dar propiedad a quien no la tiene, sino de regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellos. \u00bfPor qu\u00e9?, por su condici\u00f3n de pueblos originarios, es decir, de pueblos preexistentes al Estado y que ya eran due\u00f1os antes de la constituci\u00f3n de la rep\u00fablica. Hasta el momento sab\u00eda, por confrontaciones con funcionarios regionales y locales, que \u00e9stos no entienden la diferencia entre titular tierras ind\u00edgenas y adjudicar tierras a terceros y que, cuando se les explica, no la quieren entender. Ahora s\u00e9 que tampoco el ministro del Ambiente la sabe, lo que es mucho m\u00e1s preocupante. <\/p>\n

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Este derecho preexistente es precisamente uno de los puntos que el decreto 1064, uno de los causantes de las \u00faltimas protestas, ha tratado de anular, porque limitaba las garant\u00edas de los pueblos ind\u00edgenas al hecho de que las comunidades contasen con un t\u00edtulo, ya que en caso contrario las tierras, aun cuando estuviesen ocupadas por ellas, ser\u00e1n declaradas de libre disponibilidad del Estado. <\/p>\n

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Hay varias medias verdades en la cifra citada por el ministro Brack. De los 11 millones de que habla, hay que descontar aproximadamente la mitad, que est\u00e1 constituida por suelos declarados de aptitud forestal, que incluyen los de protecci\u00f3n. La ley de comunidades de 1978 dispuso que las comunidades recibiesen en propiedad s\u00f3lo las tierras de aptitud agropecuaria, no as\u00ed las de aptitud forestal, que les ser\u00edan cedidas en uso. Esta disposici\u00f3n va en contra de lo dispuesto en el Convenio 169, que define que el t\u00e9rmino tierra \u201cdeber\u00e1 incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del h\u00e1bitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna otra manera\u201d <\/em>(Art. 13\u00ba). En tal virtud, el Estado debi\u00f3 haber anulado esa limitaci\u00f3n para adecuar la ley a esta definici\u00f3n de territorio ind\u00edgena, pero no ha sido as\u00ed. Es te\u00f3rico afirmar, como alegan el ministro y algunos funcionarios de su sector, que la cuesti\u00f3n es <\/p>\n

formal, ya que tanto las tierras agropecuarias como las forestales constituyen parte de la heredad de las comunidades y tienen total garant\u00eda. S\u00ed, en la letra es as\u00ed, pero en la pr\u00e1ctica el tema se ha prestado a manipulaciones de funcionarios ignorantes y arrogantes frente a los ind\u00edgenas, que incluso han propiciado la invasi\u00f3n de colonos sobre las \u00e1reas forestales de sus comunidades, con el argumento de que ellas no son de su propiedad y que el Estado es libre de entregarlas a quien quiera. El caso m\u00e1s sonado y tr\u00e1gico es el de Flor de la Frontera, una comunidad awajun en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), que luego de reclamar en la v\u00eda administrativa y en la judicial el desalojo de colonos invasores, y de ganar en ambas, tom\u00f3 el problema en sus manos, con el resultado de 15 muertos y m\u00e1s de una decena de heridos de ambas partes. <\/p>\n

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La entrega de esas tierras forestales a las comunidades se formalizaba mediante contratos de cesi\u00f3n en uso que, en teor\u00eda, eran a perpetuidad por no tener fecha de vencimiento ni establecer condiciones de caducidad. Sin embargo, desde la promulgaci\u00f3n de la ley forestal N\u00ba 27308, el a\u00f1o 2000, con el argumento de que esta norma no aclaraba c\u00f3mo se deb\u00eda proceder en este caso, no se han vuelo a entregar dichos contratos a las comunidades. En otras palabras, desde ese a\u00f1o, si bien los t\u00edtulos de las comunidades indican una cantidad de hect\u00e1reas, una parte de \u00e9stas no est\u00e1 garantizada a las comunidades por la falta de los contratos de cesi\u00f3n en uso. Es claro que esto reduce a\u00fan m\u00e1s la cifra global dada por el ministro de 11 millones. <\/p>\n

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Lo absurdo de la situaci\u00f3n actual es que mientras el acceso a la propiedad de tierras de aptitud forestal se le sigue negando a las comunidades ind\u00edgenas, el decreto 1090 (ahora derogado), que autorizaba el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en suelos de aptitud forestal, abr\u00eda esta ventajosa posibilidad para las empresas privadas en caso de proyectos declarados de \u201cinter\u00e9s nacional\u201d autorizados por el MINAM. En un texto anterior, trabajado en conjunto con mi colega Federica Barclay, hab\u00edamos citado la prohibici\u00f3n contemplada en la Constituci\u00f3n (Art. 71\u00ba) de que los extranjeros, dentro de cincuenta kil\u00f3metros de las fronteras, \u201cpueden adquirir o poseer, por t\u00edtulo alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energ\u00eda, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad\u201d<\/em>, a menos que se trate de proyectos de inter\u00e9s nacional; y hab\u00edamos indicado claramente c\u00f3mo esta excepci\u00f3n se hab\u00eda convertido en la norma, ya que todas las fronteras de la regi\u00f3n amaz\u00f3nica del pa\u00eds est\u00e1n copadas por contratos suscritos por el Estado con empresas extranjeras. Luego de experiencias de este tipo, el \u201cinter\u00e9s nacional\u201d ya no es un argumento que sirva para enga\u00f1ar a los peruanos. <\/p>\n

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Pero de la mitad que queda de las 11 millones, hay todav\u00eda que descontar los cuerpos de aguas (cochas<\/em>, aguajales<\/em>, quebrada, r\u00edos, tahuampas<\/em>, tipishcas<\/em>), m\u00e1s las franjas que se reserva la Marina de Guerra, aunque nadie entiende porqu\u00e9, ni para qu\u00e9. Una cereza en la copa la constituyen los contratos de explotaci\u00f3n minera y sobre todo de hidrocarburos, que actualmente, con seguridad, cubren los territorios de todas las comunidades ind\u00edgenas amaz\u00f3nicas, causando los estragos que ya son conocidos. Otra cereza son los contratos de explotaci\u00f3n forestal, que en muchos casos se superponen con comunidades tituladas (por supuesto, tambi\u00e9n con no tituladas, pero que no las incluyo porque no hacen parte de los 11 millones de hect\u00e1reas) <\/p>\n

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Tampoco es cierto que la mayor\u00eda de estas extensiones tituladas a comunidades ind\u00edgenas en la Amazon\u00eda est\u00e9n constituidas por bosques primarios. En la zona de Oxapampa y Villa Rica, bien conocidas por el ministro porque es oriundo de all\u00ed, as\u00ed \u00a0como en el Peren\u00e9 y gran parte de la provincia de Satipo, el alto Urubamba y la zona m\u00e1s cercana a Bagua, por citar lo m\u00e1s notorio, los bosques fueron liquidados por los procesos de colonizaci\u00f3n propiciados por diferentes gobiernos, con el mismo argumento que el actual \u201cde superar la pobreza\u201d, aunque para eso esos gobiernos les ofrecieran tierras a los colonos en la Amazon\u00eda, mientras que \u00e9ste trata de recuperarlas para hacerlas \u201ctransables\u201d. <\/p>\n

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La forma como el ministro Brack plantea el tema da la sensaci\u00f3n a quien no est\u00e1 familiarizado con el tema que se trata de un gran bloque de tierras de 11 millones de hect\u00e1reas, pero esto no es as\u00ed. Adem\u00e1s de las razones ya expuestas, en muchas zonas de la Amazon\u00eda peruana se trata de peque\u00f1as islas rodeadas de propiedades de colonos (ver Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central<\/em>. IBC. Lima 2006) o de tierras fiscales. Dichas zonas grosso modo <\/em>coinciden con las citadas en el p\u00e1rrafo anterior, pero tambi\u00e9n hay otras, como las cuencas del Ucayali, Huallaga, Putumayo y Amazonas. En otras zonas la cuesti\u00f3n es diferente, como en el medio Urubamba y el Pastaza, donde las comunidades han logrado recomponer parte de sus territorios \u00e9tnicos mediante la colindancia de sus t\u00edtulos individuales. <\/p>\n

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Sobre este tema, por \u00faltimo, hay que decir que el trabajo de titulaci\u00f3n ha sido realizado, salvo escas\u00edsimas excepciones (no deben pasar de 100) con fondos de la cooperaci\u00f3n internacional canalizados por ONG y, sobre todo, por AIDESEP. Hoy ambas son atacadas y satanizadas por el gobierno, que presenta cifras acerca de la titulaci\u00f3n como m\u00e9rito propio (igual que lo que coment\u00e9 antes sobre la reinyecci\u00f3n), en un campo en el que no ha hecho mayor esfuerzo. Por el contrario, cada proceso de titulaci\u00f3n ha implicado una tensa pugna entre los promotores (AIDESEP u ONG) y funcionarios de un Estado sin ninguna voluntad de reconocer a los pueblos ind\u00edgenas los derechos que la Constituci\u00f3n, las leyes y los convenios internacionales les garantizan. <\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Un comentario final sobre la opini\u00f3n de la ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Ara\u00f3z, que se mantuvo fiel a su equipo de gobierno reafirmando enf\u00e1ticamente que si derogaba el decreto 1090, se iba a propiciar la tala ilegal y se pondr\u00eda en riesgo el funcionamiento del TLC. No obstante, derogado \u00e9ste y otro decreto despu\u00e9s de la tragedia de Bagua, su opini\u00f3n apunt\u00f3 en la direcci\u00f3n contraria: la derogatoria de los decretos \u201cno pondr\u00e1 en riesgo la aplicaci\u00f3n del TLC\u201d. La regla de oposici\u00f3n contradictoria se\u00f1ala que \u201cdos proposiciones en oposici\u00f3n contradictoria no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas a la misma vez\u201d<\/em>. \u00bfCu\u00e1l es la falsa? Claramente la primera, manipulada para asustar a una opini\u00f3n p\u00fablica que, sin conocerlo, cree que el TLC le bajar\u00e1 el cielo del modelo estadounidense hasta la bodega de la esquina. Para su tranquilidad se\u00f1ora ministra (o intranquilidad), debo decirle que la tala ilegal es un problema de la administraci\u00f3n forestal del Estado (muy ineficiente y corrompida), no de las leyes. <\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Si el gobierno quiere darle a la palabra di\u00e1logo su verdadero valor y no usarla s\u00f3lo como un subterfugio para salir del paso tratando de calmar las aguas despu\u00e9s de los sucesos de Bagua, las mentiras y las medias verdades no son una opci\u00f3n para lograrlo. <\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

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