Compañeros y compañeras,

La gran mayoría de estas 152 personas han recibido, entre el mes de diciembre y los primeros días de este mes de enero, un documento de la Unidad de Análisis de Estructuras, en el que comunican los nombres de los validadores, y la fecha de su validación; y muy escuetamente describen la función principal del puesto de trabajo analizado junto a su categoría, complemento y especialidad. 

El pasado 15 de enero, cuatro representantes del comité y cuatro representantes de la institución asistieron a una reunión de seguimiento del acuerdo de capítulo VI de la que hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

  • La Unidad de Análisis de Estructuras no facilitará al Comité de Empresa la información por la cual modifican substancialmente el contrato en un número importante de trabajadoras, determinando las funciones, el grupo profesional y el complemento del puesto de trabajo. 
  • El Área de Gestión de Personas dejó claro que no habrá derecho a réplica o revisión como parte implícita del proceso del análisis. Cuando la trabajadora considere que el análisis no se ha ajustado a la realidad, la empresa no facilitará los medios para el diálogo y las explicaciones, más allá de los documentos que solicite cada trabajadora a través del formulario que os hemos trasladado en el anterior comunicado, los cuales tampoco están facilitando a día de hoy. 
  • En un corto plazo de tiempo, la Unidad de Análisis de Estructuras hará llegar a cada trabajador analizado un segundo documento con el perfil más detallado de las funciones que conlleva su plaza. También, sin fecha de entrega. 
  • Queda un pequeño de grupo de trabajadoras, pertenecientes al pool de la Vicegerencia de Investigación, pendientes de una resolución final. Para éstas, pese a que la Unidad de Análisis de Estructura concluye que la plaza tiene una categoría concreta (LG3L en la mayoría de casos), posteriormente cita “i detecta que les funcions desenvolupades per la persona ocupant del lloc objecte d’anàlisi resulten equiparables a una categoria superior”. En estos casos, la empresa dice que la plaza debería ser LG3L, pero reconoce que la persona que la ocupa desempeña funciones superiores. Es decir, que aún no se sabe qué grupo profesional y/o complemento del puesto de trabajo le otorgarán, porque están debatiendo con el Vicegerente de Investigación y el Vicerector de Investigación, qué es lo que harán con estas personas: si no las reclasificarán y las obligarán a hacer las funciones propias de un LG3L, o si se les reconocerá el grupo y el complemento del puesto de trabajo que les corresponde. En definitiva, una situación vergonzosa y angustiante para la trabajadora. 

Como Comité de Empresa denunciamos que se han incumplido los tempos marcados por el acuerdo de 2018, aunque se comprometieran a que a las 152 personas se le reconocerá la retroactividad a 1 de enero de 2020. 

Denunciamos también, que reconocen expresamente que al menos 25 personas están desarrollando funciones por encima de su categoría laboral, y aun así no han tomado una decisión final con respecto al grupo profesional y/o complemento del puesto de trabajo que verdaderamente les corresponde. Además, ponemos de manifiesto el agravio que puede conllevar alargar esta situación pensado en esas 25 personas que, con la inminente salida a concurso de plazas internas de técnicos de laboratorio, no sabrán si van o no a ser reclasificadas en su plaza, y por lo tanto si optan o no por participar en dichos concursos. 

Denunciamos que no ofrecen a las personas un derecho a réplica, sino que las obligan a abrir un expediente administrativo o judicial, que alargaría en años el reconocimiento de su grupo profesional y complemento del puesto de trabajo. 

Denunciamos que todo el proceso ha sido llevado a cabo con la más absoluta falta de transparencia, ya que los agentes sociales sólo han sido convocados para ser meros espectadores de sus decisiones, y no para colaborar en la toma de estas. 

En síntesis, este proceso conllevará una modificación sustancial colectiva de las condiciones contractuales, que deberían estar consensuadas con los sindicatos, pero nos han utilizado como simples espectadores. Animamos pues a las trabajadoras que no estén de acuerdo con su reclasificación y en especial a las trabajadoras del pool de Vicegerencia a que denuncien junto a los sindicatos estas condiciones, ya sea a Inspección de Trabajo, con un contencioso administrativo o judicialmente. 

Salud y lucha!