{"id":83,"date":"2021-01-24T13:45:14","date_gmt":"2021-01-24T11:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uab.cat\/dretcultural\/?page_id=83"},"modified":"2021-01-24T13:45:14","modified_gmt":"2021-01-24T11:45:14","slug":"propiedad-intelectual","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/webs.uab.cat\/derechocultural\/propiedad-intelectual\/","title":{"rendered":"Propiedad Intelectual"},"content":{"rendered":"

El papel de las plataformas en las potenciales vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual seg\u00fan el Derecho de la UE<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

CARLOS PADR\u00d3S REIG<\/em>
\nCatedr\u00e1tico (Ac) de Derecho Administrativo y Derecho de la Uni\u00f3n Europea<\/em>
\nUniversitat Aut\u00f2noma de Barcelona<\/em>
\ncarlos.padros@uab.cat<\/em><\/p>\n

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30 junio 2021<\/p>\n

Normalmente, en los pleitos complejos es dif\u00edcil determinar de manera clara quien es ganador o perdedor del mismo, es decir, a quien ha dado la raz\u00f3n el tribunal sentenciador. Este puede ser el caso de la reciente STJUE de 22 de junio de 2021 reca\u00edda en los asuntos acumulados C-682\/18 YouTube y C-683\/18 Cyando que versan sobre el papel de las plataformas de internet en la vulneraci\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual.<\/p>\n

En el litigio que da origen al primer asunto (C-682\/18), Frank Peterson, un productor musical, demand\u00f3 en 2008 a YouTube y a su matriz (Google) ante los \u00f3rganos jurisdiccionales alemanes en relaci\u00f3n con la puesta a disposici\u00f3n en YouTube, sin su autorizaci\u00f3n (licencia), de varios fonogramas sobre los que tendr\u00eda diferentes derechos de propiedad intelectual. Se trataba de canciones del \u00e1lbum A Winter Symphony de la artista Sarah Brightman y de grabaciones de audio privadas realizadas durante los conciertos de su gira \u00abSymphony Tour\u00bb.<\/p>\n

En el segundo asunto (C-683\/18), la editorial Elsevier demand\u00f3 a Cyando ante los \u00f3rganos jurisdiccionales alemanes igualmente en relaci\u00f3n con la puesta en l\u00ednea en su plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos Uploaded, en el a\u00f1o 2013, de distintas obras cuyos derechos exclusivos pertenecen a Elsevier. Esta puesta en l\u00ednea fue efectuada por usuarios de la mencionada plataforma sin que Elsevier lo autorizara. Se trata de las obras Gray\u2019s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy y Campbell-Walsh Urology, que pod\u00edan consultarse en Uploaded a trav\u00e9s de las colecciones de enlaces rehabgate.com, avejage.ws y bookarchive.ws.<\/p>\n

En ambos casos, pues, se cuestiona el papel de las plataformas (YouTube y Uploaded respectivamente) como medio de realizaci\u00f3n de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual por parte de particulares. En una primera lectura, de la STJUE se desprende que las plataformas no son responsables de las infracciones cometidas por particulares en sus canales. No hay pues una responsabilidad directa o indirecta de los alojadores de contenidos ilegales sobre los que no tienen un control al ser cargados por usuarios. Sin embargo, esta \u201cvictoria\u201d judicial de YouTube requiere de algunas matizaciones.<\/p>\n

En primer lugar, la sentencia analiza el derecho aplicable en el momento de los hechos (2008 y 2013, respectivamente). En ese momento est\u00e1n en vigor las Directivas 2001\/29\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizaci\u00f3n de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informaci\u00f3n (DO 2001, L 167, p. 10); la Directiva 2000\/31\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur\u00eddicos de los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n, en particular el comercio electr\u00f3nico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr\u00f3nico) (DO 2000, L 178, p. 1) y la Directiva 2004\/48\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; correcci\u00f3n de errores en DO 2004, L 195, p. 16).<\/p>\n

Ahora, con la aprobaci\u00f3n de la nueva Directiva (UE) 2019\/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado \u00fanico digital y por la que se modifican las Directivas 96\/9\/CE y 2001\/29\/CE (DO L 2019, L 130, p. 32), ya se establece, para los operadores de plataformas en l\u00ednea, un nuevo r\u00e9gimen de responsabilidad espec\u00edfica para las obras puestas en l\u00ednea ilegalmente por los usuarios. Seg\u00fan su art\u00edculo 17.1 \u201c1. Los Estados miembros dispondr\u00e1n que los prestadores de servicios para compartir contenidos en l\u00ednea realizan un acto de comunicaci\u00f3n al p\u00fablico o de puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico a efectos de la presente Directiva cuando ofrecen al p\u00fablico el acceso a obras protegidas por derechos de autor u otras prestaciones protegidas que hayan sido cargadas por sus usuarios. Por consiguiente, los prestadores de servicios para compartir contenidos en l\u00ednea deber\u00e1n obtener una autorizaci\u00f3n de los titulares de derechos a que se refiere el art\u00edculo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001\/29\/CE, por ejemplo, mediante la celebraci\u00f3n de un acuerdo de licencia, con el fin de comunicar al p\u00fablico o de poner a su disposici\u00f3n obras u otras prestaciones.\u201d<\/p>\n

Tal Directiva, que debe ser transpuesta por cada Estado miembro en su Derecho nacional a m\u00e1s tardar el 7 de junio de 2021, obliga a estos operadores a obtener una autorizaci\u00f3n previa de los titulares de derechos, por ejemplo, mediante la celebraci\u00f3n de un acuerdo de licencia. En otras palabras, la duda que resuelve el TJUE se encuentra en gran parte superada por el legislador europeo y el alcance de la sentencia se limita a los casos anteriores a la entrada en vigor de la Directiva 2019\/790 y su transposici\u00f3n al derecho nacional.<\/p>\n

Para Espa\u00f1a, el RDL 7\/2021, de 27 de abril, de 27 de abril, de transposici\u00f3n conjunta de directivas de la Uni\u00f3n Europea en las materias de competencia, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, entidades de cr\u00e9dito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de da\u00f1os medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci\u00f3n de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (BOE n\u00ba 101 de 28 de abril) realiza la transposici\u00f3n de las Directivas 2019\/770 y 2019\/771, pero no, en cambio, la Directiva 2019\/790 aqu\u00ed concernida. Este incumplimiento es generalizado en la pr\u00e1ctica totalidad de los pa\u00edses UE (excepto Pa\u00edses Bajos y Hungr\u00eda). (cfr. el comentario cr\u00edtico de Enrique P\u00e9rez, \u201cQu\u00e9 est\u00e1 pasando con la Directiva del Copyright y la Ley Uribes: retrasos, multas y ning\u00fan cambio para el pol\u00e9mico art\u00edculo 17\u201d 7 junio de 2021. Disponible en https:\/\/www.xataka.com\/legislacion-y-derechos\/que-esta-pasando-directiva-copyright-ley-uribes-retrasos-multas-ningun-cambio-para-polemico-articulo-17) .<\/p>\n

Seg\u00fan el propio texto de la norma europea (art. 17.4.):<\/p>\n

\u201cEn caso de que no se conceda una autorizaci\u00f3n, los prestadores de servicios para compartir contenidos en l\u00ednea ser\u00e1n responsables de los actos no autorizados de comunicaci\u00f3n al p\u00fablico, incluida la puesta a disposici\u00f3n de este, de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor, a menos que demuestren que:<\/p>\n

a) han hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorizaci\u00f3n, y<\/p>\n

b) han hecho, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones espec\u00edficas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la informaci\u00f3n pertinente y necesaria, y en cualquier caso<\/p>\n

c) han actuado de modo expeditivo al recibir una notificaci\u00f3n suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b).<\/p>\n

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Al efecto precisamente de determinar si el prestador del servicio ha cumplido con sus obligaciones en virtud del apartado 4 y a la luz del principio de proporcionalidad, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: i) el tipo, la audiencia y la magnitud del servicio, as\u00ed como el tipo de obras u otras prestaciones cargadas por los usuarios del servicio (recu\u00e9rdese que Youtube es la segunda p\u00e1gina m\u00e1s visitada de Internet despu\u00e9s del buscador Google) y; ii) la disponibilidad de medios adecuados y eficaces y su coste para los prestadores de servicios. (apartado 5 del mismo precepto).<\/p>\n

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En segundo lugar, las apreciaciones del Tribunal de Justicia no suponen una ilimitada cl\u00e1usula de exenci\u00f3n para las plataformas, sino que la jurisdicci\u00f3n nacional deber\u00e1 analizar, caso por caso, cual es el rol que juega la plataforma en la efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual. Las plataformas no son responsables autom\u00e1ticamente de las potenciales vulneraciones que comentan sus usuarios en su canal, pero debe demostrarse que no ha habido una participaci\u00f3n activa o facilitaci\u00f3n de la comisi\u00f3n de la infracci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed, una plataforma ser\u00e1 responsable como operador cuando se demuestre:<\/p>\n

– El car\u00e1cter deliberado de la intervenci\u00f3n de la plataforma en la actividad il\u00edcita. Es decir, cuando pueda constatarse que la plataforma era consciente \u2013 por ejemplo por existir denuncia \u2013 de la ilicitud de los contenidos puestos a disposici\u00f3n con vulneraci\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual. El canal puede ser declarado responsable, en particular, cuando tiene conocimiento concreto de la puesta a disposici\u00f3n il\u00edcita de un contenido protegido en su plataforma y se abstiene de eliminarlo o de bloquear el acceso a \u00e9l con prontitud.<\/p>\n

– Igualmente, seg\u00fan la sentencia, cuando el operador, sabe o deber\u00eda saber que, de manera general, usuarios de su plataforma se sirven de ella para poner ilegalmente a disposici\u00f3n del p\u00fablico contenidos protegidos. En este caso, la formulaci\u00f3n es m\u00e1s complicada puesto que no hay un criterio claro para determinar cuando el canal \u201cdeber\u00eda saber\u201d, o lo que es lo mismo, qu\u00e9 rol activo debe tener una plataforma en la detecci\u00f3n de las contravenciones, m\u00e1s all\u00e1 de un indeterminado est\u00e1ndar de \u201coperador normalmente diligente\u201d.<\/p>\n

– Que la plataforma ha contribuido a la difusi\u00f3n de los contenidos ilegales m\u00e1s all\u00e1 del simple hecho de alojar los contenidos. Se trata de probar no solo el acceso ilegal sino, por ejemplo, la indexaci\u00f3n o la selecci\u00f3n de los contenidos o la puesta a disposici\u00f3n de los usuarios de herramientas destinadas espec\u00edficamente al intercambio il\u00edcito de contenidos protegidos (promoci\u00f3n o facilitaci\u00f3n de la actividad). En el caso, YouTube presenta a los usuarios registrados una sinopsis de v\u00eddeos recomendados en funci\u00f3n de los v\u00eddeos ya visualizados anteriormente por ellos. Para el TJUE esta actividad de listas de clasificaci\u00f3n, r\u00fabricas de contenidos y sinopsis de v\u00eddeos recomendados, no tienen por objeto facilitar el intercambio il\u00edcito de contenidos protegidos ni promover tal intercambio.<\/p>\n

– Que la plataforma no haya adoptado las medidas t\u00e9cnicas que sean apropiadas con la finalidad de combatir de forma \u201ccre\u00edble y eficaz\u201d las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. El Tribunal considera que puede ser prueba de ello el hecho que el operador haya adoptado un modelo econ\u00f3mico que incentive a los usuarios a proceder ilegalmente. De nuevo, para el caso de Youtube, si bien es cierto que obtiene ingresos publicitarios de su plataforma y permite a los usuarios que hayan subido contenidos y a los titulares de contenidos protegidos por los derechos de autor participar de esos ingresos, \u00abno parece que el modelo econ\u00f3mico de esta plataforma se base en la presencia de contenidos il\u00edcitos en ella, ni que tal modelo pretenda incitar a los usuarios a poner en l\u00ednea tales contenidos, ni que el objetivo o el uso principal de YouTube consista en el intercambio il\u00edcito de contenidos protegidos\u00bb.<\/p>\n

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De lo anterior se desprende con claridad que corresponde a cada jurisdicci\u00f3n nacional, en cada caso concreto, analizar el alcance de la neutralidad de la plataforma que aloja contenidos ilegales. YouTube y Uploaded solo pueden ser ajenos a la vulneraci\u00f3n de los derechos de propiedad cuando no desempe\u00f1en un papel activo en la puesta a disposici\u00f3n de obras protegidas. La victoria judicial es pues m\u00e1s reducida si se tiene en cuenta que debe enjuiciarse si el comportamiento es meramente t\u00e9cnico, autom\u00e1tico y pasivo, lo que implica la falta de conocimiento o control de los contenidos que almacena y pone a disposici\u00f3n. En caso contrario, es decir, tanto si la plataforma sab\u00eda c\u00f3mo si se demuestra que era consciente de ello, el operador ser\u00e1 responsable. Sin embargo, el TJUE precisa que el requisito establecido en el art\u00edculo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre el comercio electr\u00f3nico no puede considerarse incumplido por el mero hecho de que dicho operador sea consciente, con car\u00e1cter general, de que su plataforma tambi\u00e9n se utiliza para intercambiar contenidos que pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual y, por ende, de que tenga un conocimiento abstracto de la puesta a disposici\u00f3n il\u00edcita de contenidos protegidos en su plataforma. En otras palabras, no pesa sobre la plataforma un deber de filtraje o detecci\u00f3n.<\/p>\n

En definitiva, la \u201cvictoria judicial\u201d en los pleitos concernidos es bastante p\u00edrrica. S\u00f3lo se puede aplicar la exenci\u00f3n de responsabilidad a los casos de absoluta falta de conocimiento o control sobre la actividad de los usuarios, lo que supone tanto como aplicar el principio de que nadie puede ser responsable por actos ajenos. Y, m\u00e1s interesante, la doctrina europea no acoge de forma general una exenci\u00f3n legal sino que exige cierto compromiso de las plataformas que no deber\u00edan poder escudarse en la simple inacci\u00f3n.<\/p>\n

En lo que respecta a las medidas cautelares a adoptar en caso de detecci\u00f3n de una vulneraci\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual, el TJUE avala la restricci\u00f3n que supone el derecho nacional (alem\u00e1n) seg\u00fan el cual, para la obtenci\u00f3n judicial de medidas cautelares (bloqueo o eliminaci\u00f3n del contenido), es necesario que la vulneraci\u00f3n haya sido previamente notificada al operador implicado sin que \u00e9ste haya intervenido con prontitud la retirar el contenido en cuesti\u00f3n o bloquear el acceso.
\nEl caso, merecer\u00eda un estudio m\u00e1s detallado y completo pues presenta ramificaciones interesantes que se plasman en los cerca de 150 folios que ocupan las Conclusiones del Abogado General Henrik Saugmandsgaard presentadas el 16 de julio de 2020 y la propia sentencia, inusualmente prolija. Pero ello escapar\u00eda de las modestas posibilidades de esta entrada.<\/p>\n

STJUE Youtube<\/a><\/p>\n

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Los errores \u2013 tambi\u00e9n los del legislador \u2013 se pagan\u2026 <\/strong><\/p>\n

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Carlos Padr\u00f3s Reig<\/em><\/p>\n

Catedr\u00e1tico (Ac.) de Derecho Administrativo y Derecho de la Uni\u00f3n Europea<\/em><\/p>\n

Universidad Aut\u00f3noma de Barcelona <\/em><\/p>\n

carlos.padros@uab.cat<\/em><\/p>\n

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9 mayo 2021<\/p>\n

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  1. Planteamiento <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Dentro de los derechos de propiedad intelectual que integran el haz de protecci\u00f3n a los creadores, encontramos el derecho a recibir una compensaci\u00f3n equitativa por la reproducci\u00f3n p\u00fablica de las obras protegidas. Este derecho se plantea como una excepci\u00f3n a los principios de autorizaci\u00f3n y exclusividad que caracterizan la relaci\u00f3n entre creador y usuario, de manera que de forma ordinaria, el derecho de reproducci\u00f3n se puede dar tanto contractualmente como de forma excepcional de manera gen\u00e9rica. Para el primer caso, no hay problema pues las partes pactan los t\u00e9rminos de uso y la remuneraci\u00f3n. Para el segundo, es decir, el derecho de reproducci\u00f3n de obra protegida sin necesidad de autorizaci\u00f3n, debe realizarse una estimaci\u00f3n o c\u00e1lculo. En definitiva, el autor no puede limitar de forma absoluta el uso p\u00fablico de su obra; como contrapartida, a ese uso general extracontractual, el autor deber\u00e1 recibir una compensaci\u00f3n equitativa por copia privada.<\/p>\n

    Este derecho \u2013 copia privada – se introduce en Espa\u00f1a en 2006 mediante una modificaci\u00f3n del TRLPI en respuesta a la necesaria traslaci\u00f3n al ordenamiento espa\u00f1ol de la Directiva 2001\/29\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizaci\u00f3n de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informaci\u00f3n. En el texto de la norma europea (art\u00edculo 5.2.b) se faculta a los Estados miembros a establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducci\u00f3n en relaci\u00f3n con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona f\u00edsica para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensaci\u00f3n equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestaci\u00f3n de que se trate las medidas tecnol\u00f3gicas contempladas en el art\u00edculo 6 (medidas anticopia).<\/p>\n

    Seg\u00fan el literal del nuevo (2006) art\u00edculo 25 TRLPI: \u201c1. La reproducci\u00f3n realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos t\u00e9cnicos no tipogr\u00e1ficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, as\u00ed como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originar\u00e1 una compensaci\u00f3n equitativa y \u00fanica por cada una de las tres modalidades de reproducci\u00f3n mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el p\u00e1rrafo b) del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por raz\u00f3n de la expresada reproducci\u00f3n. Este derecho ser\u00e1 irrenunciable para los autores y los artistas, int\u00e9rpretes o ejecutantes. 2. Esa compensaci\u00f3n se determinar\u00e1 para cada modalidad en funci\u00f3n de los equipos, aparatos y soportes materiales id\u00f3neos para realizar dicha reproducci\u00f3n, fabricados en territorio espa\u00f1ol o adquiridos fuera de \u00e9ste para su distribuci\u00f3n comercial o utilizaci\u00f3n dentro de dicho territorio. (\u2026) (Ley 23\/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril.).<\/p>\n

    La cuesti\u00f3n que ahora nos interesa han sido los vaivenes normativos de la cuesti\u00f3n \u2013 cuantificaci\u00f3n de la estimaci\u00f3n econ\u00f3mica y derechos de cobro \u2013 que ha experimentado el ordenamiento espa\u00f1ol y que culmina \u2013 de momento \u2013 en la STS de 12 de abril de 2021 <\/strong>(Sala III. Sentencia 495\/2021 dictada en el recurso ordinario 158\/2019. Ponente: Rafael Fern\u00e1ndez Valverde. ECLI:ES:TS:2021:1330).<\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. \u00bfC\u00f3mo hemos llegado hasta aqu\u00ed? <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      Como hemos indicado, la transposici\u00f3n de la Directiva 2001\/29 fue llevada a cabo, en Espa\u00f1a, mediante la Ley 23\/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia) aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril, dando con ello una nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 25 —as\u00ed como al 31—, en el que se manten\u00eda, en una detallada regulaci\u00f3n, el sistema tradicional de remuneraci\u00f3n compensatoria y equitativa prevista en el Derecho espa\u00f1ol, esto es, mediante pago de un canon a cargo de los fabricantes, distribuidores de equipos, aparatos o soportes de reproducci\u00f3n.<\/p>\n

      Este sistema fue abandonado y sustituido por otro en la Disposici\u00f3n Adicional D\u00e9cima del Real Decreto Ley 20\/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correcci\u00f3n del d\u00e9ficit p\u00fablico y el pago de la compensaci\u00f3n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n

      Se pas\u00f3 de un sistema basado en el pago por los intermediarios en el mercado de equipos, aparatos y soportes de reproducci\u00f3n a un sistema de abono de la compensaci\u00f3n con cargo a los Presupuestos Generales de Estado. Pese a que nada se dice en el pre\u00e1mbulo del Real Decreto Ley, la exposici\u00f3n de motivos de su desarrollo reglamentario (Real Decreto 1657\/2012), afirma que \u201cel legislador ha considerado oportuno que los ciudadanos puedan beneficiarse, en territorio espa\u00f1ol, del l\u00edmite de copia privada en los t\u00e9rminos establecidos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, como contraprestaci\u00f3n a una parte de los impuestos que satisfacen y de los que se nutren los ingresos p\u00fablicos.\u201d \u00a0El proceso, como hemos detallado en otro sitio, constituye una asunci\u00f3n de la naturaleza pr\u00f3xima al dominio p\u00fablico de ciertos derechos de propiedad intelectual. (PADROS REIG, C. y L\u00d3PEZ SINTAS, J. (2011) El Canon Digital a debate. Revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica y consumo cultural en un nuevo marco jur\u00eddico-econ\u00f3mico.\u00a0 Ed. Atelier. Barcelona). <\/em><\/p>\n

      No cabe ninguna duda que el legislador espa\u00f1ol reaccion\u00f3 \u2013 desmedida y err\u00f3neamente \u2013 a la STJUE en el caso PADAWAN. ( STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010. As. C-467\/08. Padawan Sl c. SGAE).<\/strong>\u00a0 La sentencia europea resuelve una cuesti\u00f3n prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante auto de 15 de septiembre de 2008, por la que se preguntaba si era conforme al derecho europeo el pago indiscriminado por cualquier tipo de soporte, con independencia de su uso. En el pleito, el importador PADAWAN argumentaba que los soportes se vend\u00edan a entidades financieras o administraciones p\u00fablicas con lo cual, nada ten\u00eda que ver su destino y uso final con la protecci\u00f3n de la propiedad intelectual. Lo que se cuestiona, pues, es si es conforme a derecho la aplicaci\u00f3n indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relaci\u00f3n con los equipos, aparatos y soportes de reproducci\u00f3n digital manifiestamente reservados a usos distintos a la realizaci\u00f3n de copias privadas. Y el Tribunal admite que pese a ser dif\u00edcil la distinci\u00f3n entre los distintos usos, no se ampara en la Directiva un cobro indiscriminado. En otras palabras, la aplicaci\u00f3n indiscriminada del canon por copia privada en relaci\u00f3n con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducci\u00f3n digital, incluido el supuesto de que \u00e9stos sean adquiridos por personas distintas de las personas f\u00edsicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con el art\u00edculo 5, apartado 2, de la Directiva 2001\/29.<\/p>\n

      Habr\u00eda sido suficiente con mantener el sistema de cobro por soporte y admitir la prueba en contrario para ciertas entidades (no para particulares), cuando quedara demostrado que el dispositivo de almacenamiento, por su destino, no era susceptible de causar efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas. Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en la adquisici\u00f3n de CDs para la grabaci\u00f3n de vistas orales por parte del Ministerio de Justicia o de discos duros para almacenar la constancia de operaciones bancarias por parte de entidades financieras.<\/p>\n

      Sea como fuere, si se permite cierto reduccionismo, se pas\u00f3 de un sistema de compensaci\u00f3n privado sufragado por el mercado a uno p\u00fablico, cubierto por los Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n

      La nueva disposici\u00f3n fue objeto de desarrollo en el\u00a0 Real Decreto 1657\/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensaci\u00f3n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y este Real Decreto, a su vez, se desarrollar\u00eda por sucesivas \u00d3rdenes anuales del Ministerio de Educaci\u00f3n, Cultura y Deportes para los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, mediante las que se establec\u00eda el importe de la compensaci\u00f3n equitativa anual por copia privada que deb\u00edan recibir las entidades de gesti\u00f3n colectiva.\u00a0 El sistema fue \u201cratificado\u201d por la Ley 21\/2014, de 4 de noviembre (por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril, y la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).<\/p>\n

      Tanto el desarrollo reglamentario TRLPI por el que se regula el procedimiento de pago de la compensaci\u00f3n equitativa como el propio sistema de cobertura presupuestaria de las cantidades ideado por el legislador en 2011, fue tambi\u00e9n objeto de recurso ante el TS.\u00a0 \u00a0Efectivamente, varias entidades de gesti\u00f3n de los derechos colectivos de propiedad intelectual argumentaban, entre otras cosas, que el sistema podr\u00eda resultar contrario al derecho europeo pues el art\u00edculo 5.2.b) de la citada Directiva 2001\/29, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea en sus sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan (As. C-467\/08), de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie (As. C-462\/09), y de 11 de julio de 2013, Amazon (As. C-521\/11), exige que sea el usuario de la copia privada quien soporte efectivamente el coste de la compensaci\u00f3n equitativa.<\/p>\n

      No cabr\u00eda pues un sistema de asunci\u00f3n presupuestaria del pago del canon digital por copia privada dado que ello no garantizar\u00eda la conexi\u00f3n entre uso y remuneraci\u00f3n. En el fondo, las entidades de gesti\u00f3n no se fiaban de pasar a depender de las dotaciones que cada Ley de PGE fijara para compensarles.<\/p>\n

      En el recurso contencioso administrativo seguido ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1657\/2012, de 7 de diciembre, la Sala III, mediante ATS de 10 de septiembre de 2014, elev\u00f3 al Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea cuesti\u00f3n prejudicial que dio lugar a la STJUE del de 9 de junio de 2016<\/strong> (As. C-470\/14, EGEDA, ECLI: EU:C:2016:418) en la que, en s\u00edntesis, se fall\u00f3 que el citado art\u00edculo 5.2.b) de la Directiva 2001\/29 se opon\u00eda a un sistema de compensaci\u00f3n de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, expres\u00e1ndose la sentencia en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEn el presente caso, se desprende del auto de remisi\u00f3n que, habida cuenta del hecho de que no existe afectaci\u00f3n de ingresos concretos \u2014como los procedentes de un tributo espec\u00edfico\u2014 a gastos determinados, ha de considerarse que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensaci\u00f3n equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, del mismo modo, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, de los autos en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que, en el presente caso, exista mecanismo alguno que permita a las personas jur\u00eddicas, que en ning\u00fan caso est\u00e1n incluidas en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001\/29, solicitar la exenci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de contribuir a financiar esta compensaci\u00f3n, o, al menos, solicitar la devoluci\u00f3n de esta contribuci\u00f3n (v\u00e9anse, a este respecto, las sentencias de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C\u2011521\/11, EU:C:2013:515, apartados 25 a 31 y 37, y de 5 de marzo de 2015, Copydan B\u00e5ndkopi, C\u2011463\/12, EU:C:2015:144, apartado 45), con arreglo a procedimientos que incumbe \u00fanicamente a los Estados miembros establecer.En estas circunstancias, y como subraya el tribunal remitente en el propio tenor de esta cuesti\u00f3n prejudicial, dicho sistema de financiaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado miembro de que se trata no puede garantizar que el coste de dicha compensaci\u00f3n s\u00f3lo sea sufragado, en \u00faltimo t\u00e9rmino, por los usuarios de copias privadas.\u201d (\u00a7 39 a 41).<\/p>\n

      En definitiva, el derecho europeo exige que la compensaci\u00f3n equitativa concedida a los titulares de los derechos de copia privada sea soportada, al menos, en \u00faltima instancia, por las personas f\u00edsicas que originaron el perjuicio de ese derecho exclusivo. El nuevo mecanismo presupuestario espa\u00f1ol, estaba sufragado por todos los contribuyentes, independientemente de que realizaran copias privadas (en el sentido TRLPI) o no.<\/p>\n

      La STJUE ser\u00eda el fundamento de la STS de 10 de noviembre de 2016.<\/strong> Sala III. Recurso 34\/2013. Ponente Luis Mar\u00eda D\u00edez-Picazo Gim\u00e9nez (ECLI:ES:TS:2016:4832), que, una vez recibida la interpretaci\u00f3n a las cuestiones prejudiciales planteadas, anul\u00f3 el Real Decreto 1657\/2012, de 7 de diciembre), y, a su vez, de las SSAN (que anularon las sucesivas \u00d3rdenes del Ministerio de Educaci\u00f3n, Cultura y Deportes, encaminadas a fijar el importe de la compensaci\u00f3n equitativa que deb\u00eda ser pagada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los a\u00f1os 2012, 2013, 2014 y 2015).<\/p>\n

      Finalmente, con la finalidad de remediar las anteriores anulaciones judiciales, el legislador espa\u00f1ol aprob\u00f3 el Real Decreto-ley 12\/2017, de 3 de julio, por el que se modifica, de nuevo, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensaci\u00f3n equitativa por copia privada, que entrar\u00eda en vigor en fecha de 1 de agosto de 2017, sin establecer r\u00e9gimen transitorio alguno.<\/p>\n

      Se a\u00f1aden al r\u00e9gimen de compensaci\u00f3n tanto una excepci\u00f3n de pago (apartado 7) como un r\u00e9gimen de reembolso condicionado (aparatado 8):<\/p>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. Quedar\u00e1n exceptuadas del pago de la compensaci\u00f3n, las siguientes adquisiciones de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducci\u00f3n:<\/em><\/li>\n
      2. a) Las realizadas por las entidades que integran el sector p\u00fablico seg\u00fan se establezca en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre, as\u00ed como por el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las Comunidades Aut\u00f3nomas y las instituciones auton\u00f3micas an\u00e1logas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Esta exceptuaci\u00f3n se podr\u00e1 acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables solidarios:<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

        1.\u00ba Mediante una certificaci\u00f3n emitida por el \u00f3rgano competente de la Administraci\u00f3n General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Aut\u00f3nomas, de las Entidades que integran la Administraci\u00f3n Local, de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, de las Universidades P\u00fablicas as\u00ed como del Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las Comunidades Aut\u00f3nomas y las instituciones auton\u00f3micas an\u00e1logas al Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.<\/em><\/p>\n

        2.\u00ba Mediante una certificaci\u00f3n emitida por el \u00f3rgano de direcci\u00f3n y tutela respecto de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.<\/em><\/p>\n

        3.\u00ba Mediante una certificaci\u00f3n emitida por la administraci\u00f3n territorial de la que dependan o a la que est\u00e9n vinculados el resto de entes que conforman el sector p\u00fablico.<\/em><\/p>\n

          \n
        1. b) Las realizadas por personas jur\u00eddicas o f\u00edsicas que act\u00faen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposici\u00f3n de usuarios privados y que est\u00e9n manifiestamente reservados a usos distintos a la realizaci\u00f3n de copias privadas, lo que deber\u00e1n acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables solidarios mediante una certificaci\u00f3n emitida por la persona jur\u00eddica prevista en el apartado 10.<\/em><\/li>\n
        2. c) Las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorizaci\u00f3n para llevar a efecto la correspondiente reproducci\u00f3n de obras, prestaciones art\u00edsticas, fonogramas o videogramas, seg\u00fan proceda, en el ejercicio de su actividad, lo que deber\u00e1n acreditar a los deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante una certificaci\u00f3n emitida por la persona jur\u00eddica prevista en el apartado 10.<\/em><\/li>\n
        3. d) Las realizadas por personas f\u00edsicas para uso privado fuera del territorio espa\u00f1ol en r\u00e9gimen de viajeros.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

          En defecto de certificaci\u00f3n, los sujetos beneficiarios de la exceptuaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar el reembolso de la compensaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

          \u00a0<\/em><\/p>\n

            \n
          1. Aquellas personas jur\u00eddicas o f\u00edsicas no exceptuadas del pago de la compensaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar el reembolso de esta cuando:<\/em><\/li>\n
          2. a) Act\u00faen como consumidores finales, justificando el destino exclusivamente profesional del equipo, aparato o soporte material de reproducci\u00f3n adquirido, y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposici\u00f3n de usuarios privados y que est\u00e9n manifiestamente reservados a usos distintos a la realizaci\u00f3n de copias privadas.<\/em><\/li>\n
          3. b) Los equipos, aparatos o soportes materiales de reproducci\u00f3n adquiridos se hayan destinado a la exportaci\u00f3n o entrega intracomunitaria.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

            No se admitir\u00e1n solicitudes de reembolso por importe inferior a veinticinco euros. No obstante, si la solicitud de reembolso acumula la compensaci\u00f3n equitativa abonada por la adquisici\u00f3n de equipos, aparatos y soportes materiales realizada en un ejercicio anual, se admitir\u00e1n aun cuando no alcancen los veinticinco euros<\/em>.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Y todav\u00eda el Real Decreto-ley 2\/2018, de 13 de abril, modifica el redactado (a\u00f1ade un nuevo p\u00e1rrafo al apartado 8 regulando el plazo para ejercer la acci\u00f3n de reembolso) en lo que luego pasar\u00e1 a ser la Ley 2\/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 2014\/26\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017\/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.<\/p>\n

            Las continuas – irreflexivas y atolondradas \u2013 reformas, desembocan en una m\u00e1s que censurable confusi\u00f3n normativa.<\/p>\n

            Sea como fuere, para lo que aqu\u00ed interesa, la anulaci\u00f3n de la STS de 10 de noviembre de 2016 dej\u00f3 sin base normativa tanto el modelo de pago mediante presupuestos como su desarrollo reglamentario y cuantificaci\u00f3n anual.\u00a0 La \u00faltima Orden ministerial data de 10 de octubre de 2015 (Orden ECD\/1649\/2016, de 10 de octubre, por la que se determina la cuant\u00eda de la compensaci\u00f3n equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2015 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribuci\u00f3n entre las tres modalidades de reproducci\u00f3n referidas legalmente.\u00a0 BOE n\u00ba 247 de 12 de octubre de 2016) y establec\u00eda una compensaci\u00f3n global de 5.000.000 de euros a repartir entre varias categor\u00edas de obras protegidas: Libros 25,2 %;\u00a0 Fonogramas: 29,5 % y Videogramas: 45,3 %.<\/p>\n

            Despu\u00e9s de ello, existe, seg\u00fan se argumenta un vac\u00edo normativo que abarca los a\u00f1os 2016 y parte de 2017, hasta la entrada en vigor del nuevo sistema previsto en el Real Decreto-ley 12\/2017, de 3 de julio y que tiene lugar en agosto de 2017.<\/p>\n

             <\/p>\n