{"id":1287,"date":"2023-06-11T16:31:27","date_gmt":"2023-06-11T14:31:27","guid":{"rendered":"https:\/\/webs.uab.cat\/dretmercantil\/?p=1287"},"modified":"2023-06-11T16:33:49","modified_gmt":"2023-06-11T14:33:49","slug":"administracion-publica-y-responsabilidad-por-ilicitos-anticoncurrenciales-sts-445-2023-de-30-de-marzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webs.uab.cat\/dretmercantil\/2023\/06\/11\/administracion-publica-y-responsabilidad-por-ilicitos-anticoncurrenciales-sts-445-2023-de-30-de-marzo\/","title":{"rendered":"Administraci\u00f3n p\u00fablica y responsabilidad por il\u00edcitos anticoncurrenciales: STS 445\/2023, de 30 de marzo"},"content":{"rendered":"\n

1. La STS 445\/2023, de 30 de marzo<\/a> versa sobre la responsabilidad de las Administraciones p\u00fablicas por actos contrarios a la competencia. Su inter\u00e9s no reside en declarar que s\u00ed pueden ser responsables -cosa que ya hab\u00eda hecho antes-, sino en mantener que pueden serlo aunque no ofrezcan bienes y servicios en el mercado. El Tribunal Supremo se refiere a los supuestos en que las condiciones de la concesi\u00f3n de un servicio p\u00fablico restringen la competencia. No obstante, niega que sea el caso del Ayuntamiento de Zaragoza.<\/p>\n\n\n\n

El origen de la resoluci\u00f3n est\u00e1 en la petici\u00f3n de EasyPark Espa\u00f1a, SLU de acceso a la plataforma municipal o de entrega los datos necesarios para poder prestar un servicio de pago del estacionamiento en \u00e1reas reguladas. Como la entidad municipal se neg\u00f3 -hab\u00eda concedido la gesti\u00f3n del servicio de estacionamiento a Z+MUTE Zaragoza-, la peticionaria present\u00f3 denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Arag\u00f3n. Posteriormente recurri\u00f3 su resoluci\u00f3n denegatoria ante el Tribunal Superior de Justicia de Arag\u00f3n, que desestim\u00f3 el recurso al considerar que el Ayuntamiento no hab\u00eda actuado como un operador econ\u00f3mico sino al amparo del ius imperii<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

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2. El Tribunal Supremo cita dos precedentes que merecen atenci\u00f3n. El primero es su sentencia de 9 de marzo de 2015 (Farmacias Castilla \u2013 La Mancha<\/em>)<\/a>, relativa a la imposici\u00f3n de turnos rotatorios a las farmacias para suministrar servicios farmac\u00e9uticos a centros sanitarios p\u00fablicos y privados del Sistema Nacional de Salud. Confirm\u00f3 la responsabilidad del Consejo de Colegios Oficiales de Farmac\u00e9uticos y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por haber infringido el art\u00edculo 1 de la Ley 15\/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). Tras negar que su comportamiento estuviera amparado por el art\u00edculo 4.1 de la LDC, explic\u00f3 que en el Derecho de la competencia opera un concepto amplio y funcional de empresa, de modo que merece esta calificaci\u00f3n cualquier operador que ha causado un resultado econ\u00f3micamente da\u00f1oso o restrictivo de la competencia en el mercado, siendo irrelevante su naturaleza jur\u00eddico-econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

El segundo precedente es la sentencia 1833\/2016, de 18 de julio (Vinos de Jerez<\/em>)<\/a>, cuyo origen es la intervenci\u00f3n de la Consejer\u00eda de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluc\u00eda en una pr\u00e1ctica concertada de fijaci\u00f3n de precios. La m\u00e1xima autoridad judicial espa\u00f1ola confirm\u00f3 que una administraci\u00f3n p\u00fablica puede ser considerada responsable de un il\u00edcito anticoncurrencial si ha realizado una actividad econ\u00f3mica; es decir, si ha ofrecido bienes y servicios en un mercado. Interesa comentar que matiz\u00f3 las palabras de la Audiencia Nacional respecto de que la responsabilidad se limitaba a los casos en que la administraci\u00f3n hab\u00eda actuado como un operador econ\u00f3mico, pero no cuando estaba ejerciendo sus potestades p\u00fablicas. La raz\u00f3n que adujo es que no siempre era f\u00e1cil trazar la l\u00ednea divisoria entre esos dos supuestos; sobre todo cuando la actuaci\u00f3n no se exteriorizaba a trav\u00e9s de actos formales sino que se plasmaba en actuaciones materiales.<\/p>\n\n\n

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3. En el fallo que nos ocupa, el Tribunal Supremo explica que existen dos diferencias entre los precedentes referidos y el caso actual. La primera es el precepto aplicado: el art. 1 de la LDC en las sentencias de 2015 y 2016, y el 2 en la actual. A nuestro modesto entender, esa diferencia no es relevante porque ambos preceptos se dirigen a las \u201cempresas\u201d. La segunda diferencia s\u00ed es fundamental: en los casos Farmacias Castilla \u2013 La Mancha <\/em>y Vinos de Jerez<\/em>, las administraciones p\u00fablicas hab\u00edan operado en el mercado, de modo que su comportamiento hab\u00eda sido econ\u00f3micamente relevante. Por lo tanto, quedaban sometidos a la normativa de defensa de la competencia. El Tribunal Supremo recuerda que en ella rige un concepto amplio y funcional de \u201cempresa\u201d, en el sentido que no es relevante el estatuto jur\u00eddico del sujeto que realiza la conducta -por ejemplo, su condici\u00f3n de sociedad de capital o de administraci\u00f3n p\u00fablica-, sino la afectaci\u00f3n al tr\u00e1fico econ\u00f3mico. No era el caso del Ayuntamiento de Zaragoza en el supuesto objeto de an\u00e1lisis. La administraci\u00f3n municipal no prestaba el servicio de estacionamiento en zonas reguladas, sino que hab\u00eda concedido su gesti\u00f3n a un tercero en el marco de sus competencias en materia de tr\u00e1fico estacionamiento de veh\u00edculos y movilidad. \u201cDe lo anterior se desprende que el Ayuntamiento de Zaragoza no ejerce una actividad econ\u00f3mica, siendo la empresa concesionaria la que act\u00faa en el mercado, cuya conducta no es objeto de este recurso de casaci\u00f3n\u201d. Ahora bien, la alta autoridad judicial a\u00f1ade que la Administraci\u00f3n tambi\u00e9n puede cometer il\u00edcitos antitrust<\/em> al actuar como \u201cpoder adjudicador\u201d si las condiciones concesionales relativas a una actividad de naturaleza econ\u00f3mica restringen la competencia; por ejemplo, cuando erigen barreras de entrada. De ah\u00ed que subraye que no s\u00f3lo deben cumplir las normas de Derecho administrativo sino tambi\u00e9n las de la competencia. Sin embargo, considera que, en el caso, se hab\u00edan respetado, puesto que los pliegos de la concesi\u00f3n ni promovieron ni decidieron la exclusividad de la concesionaria en la concreta prestaci\u00f3n del servicio de pago, ni regularon el uso de herramientas tecnol\u00f3gicas al respecto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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