Como es bien sabido, el art. 20 LCS castiga al asegurador que se retrasa en el cumplimiento de su obligaci\u00f3n principal: el pago de la indemnizaci\u00f3n derivada del contrato de seguro. El apartado 3.\u00ba establece que la mora se produce cuando transcurren tres meses desde la producci\u00f3n del siniestro sin que satisfaga la cantidad debida, o si no ha procedido al pago del importe m\u00ednimo dentor de los cuarenta d\u00edas a partir de la recepci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del siniestro. La sanci\u00f3n consiste en el devengo\u00a0pago de un inter\u00e9s anual igual al del inter\u00e9s legal del dinero, incrementado en el 50%, sin necesidad de reclamaci\u00f3n judicial.<\/p>\n
Ahora bien, el apartado 8.\u00ba del precepto \u00a0excluye esta consecuencia \u00a0cuando el retraso del asegurador est\u00e1 fundado en una causa justificada o que no le es imputable. La STS 743\/2012, de 4 de diciembre<\/a> fija la doctrina de la jurisprudencia espa\u00f1ola sobre la ex\u00e9gesis de esta norma.<\/p>\n Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 20.8.o LCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en la apreciaci\u00f3n de esta causa de exoneraci\u00f3n esta Sala ha mantenido una interpretaci\u00f3n restrictiva en atenci\u00f3n al car\u00e1cter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (…)<\/p>\n En atenci\u00f3n a esta jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitaci\u00f3n de un proceso, para que la oposici\u00f3n de la aseguradora se valore como justificada a los efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentaci\u00f3n de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijaci\u00f3n de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza f\u00e1ctica necesarias para integrar los presupuestos de la norma aplicada.<\/p><\/blockquote>\n Esta interpretaci\u00f3n descarta que la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituya causa que justifique por s\u00ed el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposici\u00f3n. El proceso no es un \u00f3bice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una aut\u00e9ntica necesidad de acudir al litigio para resolver una situaci\u00f3n de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligaci\u00f3n misma de indemnizar …<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Recientemente la alta autoridad judicial espa\u00f1ola ha aplicado esta doctrina fallando que la mora del asegurador estaba justificada. La STS 523\/2017, de 27 de diciembre<\/a> versaba sobre el seguro de responsabilidad civil de un arquitecto que hab\u00eda sido demandado en relaci\u00f3n con el proyecto de una vivienda unifamiliar en Vigo. El asegurado fue condenado en primera instancia a indemnizar los da\u00f1os causados pero la aseguradora se neg\u00f3 a reembolsarle la cantidad pagada en virtud de la exclusi\u00f3n presente en la p\u00f3liza. Entablada la demanda, la primera instancia condena a pagar a la aseguradora, pero la Audiencia Provincial excluye la aplicaci\u00f3n del art. 20 LCS. El TS confirma esa decisi\u00f3n al considerar que las dudas existentes en el caso justificaban el recurso a un procedimiento judicial para determinar si el siniestro constitu\u00eda un riesgo excluido.<\/p>\n