{"id":822,"date":"2018-02-01T21:20:14","date_gmt":"2018-02-01T19:20:14","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.uab.cat\/dretmercantil\/?p=822"},"modified":"2018-02-01T21:20:14","modified_gmt":"2018-02-01T19:20:14","slug":"primeras-consecuencias-de-la-stjue-20-12-2017-uber-ssts-812018-y-872018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/webs.uab.cat\/dretmercantil\/2018\/02\/01\/primeras-consecuencias-de-la-stjue-20-12-2017-uber-ssts-812018-y-872018\/","title":{"rendered":"Primeras consecuencias de la STJUE 20.12.2017 Uber: SSTS 81\/2018 y 87\/2018"},"content":{"rendered":"

Ya tenemos la primera consecuencia de la sentencia Uber (aqu\u00ed<\/a>): el Tribunal Supremo ha casado dos fallos que anulaban las multas que la Direcci\u00f3n General de Transporte y Movilidad de la Generalitat de Catalunya<\/em> impuso a Uber por prestar servicios de transporte sin contar con la autorizaci\u00f3n preceptiva que exige el art. 42 LOTT. En efecto, este \u00f3rgano administrativo hab\u00eda sancionado en dos ocasiones a la plataforma colaborativa por una infracci\u00f3n muy grave de la normativa de ordenaci\u00f3n del transporte terrestre en marzo de 2015. El Secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat<\/em> confirm\u00f3 esas decisiones en octubre del mismo a\u00f1o. Sin embargo, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo n\u00fam. 15 y 17 de Barcelona estimaron los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Uber y anularon las sanciones en sus sentencias 287\/2016, de 5 de octubre<\/a> y 216\/2016, de 6 de octubre<\/a>. Hace justo una semana, el Tribunal Supremo las anulaba al estimar los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por la Generalitat de Catalunya<\/em>. Se trata de las sentencias 81\/2018, de 24 de enero<\/a> y 87\/2018, de 25 de enero<\/a>, cuyo contenido es sustancialmente id\u00e9ntico, a pesar de que los ponentes son diferentes.<\/p>\n

En ambas resoluciones se deciden esencialmente dos cuestiones. La primera es si la actividad de Uber queda sometida a la normativa de transportes o de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n. Es cierto que la alta autoridad judicial espa\u00f1ola se pronuncia en t\u00e9rminos m\u00e1s abstractos en la primera decisi\u00f3n referida, que pudieran dar lugar a equ\u00edvocos: \u201cLa cuesti\u00f3n sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de la formaci\u00f3n de jurisprudencia, consiste en determinar el marco regulador aplicable a las actividades de intermediaci\u00f3n o conexi\u00f3n entre usuarios de servicios de transporte y operadores prestadores de estos servicios a trav\u00e9s de plataformas o aplicaciones digitales\u201d. Sin embargo, entendemos que no cabe extrapolar su decisi\u00f3n a cualquier servicio de la llamada \u201ceconom\u00eda colaborativa\u201d. Primero, el Tribunal Supremo est\u00e1 resolviendo un litigio concreto, entre dos partes bien delimitadas, la Generalitat de Catalunya<\/em> y Uber, B.V.<\/em>, como m\u00e1s adelante concreta. Segundo, los servicios y actividades que conforman la econom\u00eda colaborativa son tan diversos entre s\u00ed que resulta muy dif\u00edcil hacer afirmaciones generales, v\u00e1lidas para todos ellos, tal como explica Alberto Aznar Traval en su monograf\u00eda Econom\u00eda colaborativa, alojamiento y transporte<\/em>, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p\u00e1g. 31. Y tercero, el Tribunal de Justicia no ha afirmado que todos los servicios de intermediaci\u00f3n que ponen en contacto pasajeros con conductores deban ser considerados como transporte; al contrario, en los apartados 34 y 35 de su sentencia de 20 de diciembre de 2017 (C-434\/15) los califica de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n, como regla general. Except\u00faa el caso de Uber puesto que ha creado y controla la prestaci\u00f3n de desplazamiento de pasajeros concertada a trav\u00e9s de su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

El Tribunal Supremo resuelve la primera cuesti\u00f3n aplicando la doctrina de la corte europea en el caso Uber, cuyos apartados 34 a 48 reproduce literalmente. As\u00ed, califica la actividad de la plataforma colaborativa como de transporte y no de servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n. Por lo tanto,<\/p>\n

\u201c1) El marco regulador que resulta aplicable a las actividades de intermediaci\u00f3n o conexi\u00f3n de prestaciones de servicios de transporte a trav\u00e9s de plataformas o aplicaciones digitales con los usuarios demandantes de servicios de esta \u00edndole, est\u00e1 integrado por la normativa sectorial adoptada en materia de transportes, lo que excluye la aplicaci\u00f3n de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n y de comercio electr\u00f3nico.<\/p>\n

2) El r\u00e9gimen sancionador aplicable a esta actividad de intermediaci\u00f3n o mediaci\u00f3n descrita en el apartado anterior es el propio de la regulaci\u00f3n adoptada en el \u00e1mbito de la ordenaci\u00f3n de los transportes.\u201d<\/p><\/blockquote>\n

La segunda cuesti\u00f3n es la normativa aplicable, pues se contrapone la estatal y la auton\u00f3mica. La Direcci\u00f3 General de Transports i Mobilitat<\/em> sancion\u00f3 a Uber en virtud de la primera; en particular, del art. 140.2 LOTT. La plataforma colaborativa argumenta que, en caso de calificar sus servicios como transporte, quedar\u00edan sometidos a la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica; en particular, a la Ley catalana 19\/2003, de 4 de julio, del taxi. El Tribunal Supremo rechaza el \u00faltimo argumento debido a la singularidad de la actividad de Uber: aunque presta un servicio de transporte, no puede ser identificado con el taxi.<\/p>\n

\u201cPor ello, a falta de una regulaci\u00f3n auton\u00f3mica referida a una actividad organizativa y de intermediaci\u00f3n en al \u00e1mbito del transporte como la desarrollada por Uber, B.V., debe considerarse de aplicaci\u00f3n al caso la regulaci\u00f3n estatal contenida en la Ley 16\/1987, de 30 de julio, de Ordenaci\u00f3n de los Transportes Terrestres, incluido el r\u00e9gimen sancionador que en ella se establece\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

As\u00ed pues, el TS devuelve las actuaciones a los dos Juzgados para que procedan a dictar nuevas sentencias partiendo de la base que la actividad de Uber est\u00e1 sujeta a la autorizaci\u00f3n exigida por el art. 42 LOTT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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