Doctora con Mención Internacional en Derecho penal por la Universidad CEU San Pablo. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, cuenta con una máster en insolvencia empresarial por la Universidad CEU San Pablo. Es experta Derecho penal y penitenciario, y su labor investigadora se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la teoría de la pena, la prisión permanente revisable y la violencia de género.
Angela Casals Fernández cuenta con colaboraciones relevantes en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales y la Revista La Ley Penal. En 2019 y 2020, ha sido premiada en el Concurso Jóvenes Juristas de la Editorial Astigi por su aporte científico con dos artículos. Se encuentra acreditada por la ANECA como PROFESORA AYUDANTE DOCTORA desde el 27 de enero de 2021, y como PROFESORA CONTRATADA DOCTORA y de UNIVERSIDAD PRIVADA desde 10 de febrero de 2022. Cuenta con un SEXENIO de investigación (2018-2023). Desde 2018 hasta 2025 ha sido profesora adjunta de Derecho penal y penitenciario en la Universidad CEU San Pablo y directora del grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad y del doble grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad. Desde septiembre de 2025 es profesora ayudante doctora de Derecho penal y penitenciario en la UNED.
En la actualidad participa en el proyecto I+D+i “Retos jurídicos en la aplicación de la IA predictiva en el sector sanitario” (PID2024-160176NB-100) donde se ocupa especialmente de la responsabilidad penal por los daños causados por la implementación de la IA predictiva con finalidad médica. Desde la perspectiva penal se analizarán los retos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica médica, centrándose en tres ejes principales: la posible calificación de los sistemas de IA como productos sanitarios de alto riesgo y su impacto en delitos contra la salud individual y pública; la imputación de responsabilidades en contextos de telemedicina, incluyendo posibles homicidios o lesiones por omisión, deber de socorro y discriminación en la prestación de servicios; y, finalmente, los problemas derivados de los derechos de información del paciente, la tutela de datos médicos y la integridad moral, junto con la definición de estándares de cuidado, la actuación en equipo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.