No me corresponde saber si el juez Garzón puede haber cometido prevaricación, pero si sé otras muchas cosas.
Sé que hace más de 70 años que finalizó la guerra civil y más de 30 desde la aprobación de la actual constitución democrática y sé que en todo este tiempo las instituciones no han hecho lo suficiente ni han atendido como debieran a todas aquellas personas y familias que claman por dignificar la memoria de miles de personas que murieron o padecieron todo tipo de injusticias como consecuencia de un golpe de estado que, para desgracia de todos, triunfó y practicó una política del olvido con la intención de perpetuarse en las conciencias. La intervención de Garzón evidenció este lastre y lo catapultó a los medios de comunicación, sublevando a los nostálgicos franquistas y molestando a quienes siguen defendiendo el modelo de la transición, como si el clamor ciudadano a favor de la recuperación de la memoria histórica democrática no existiese.
Sé también que quienes han interpuesto la demanda no buscan tan solo derribar al juez, ni les asiste una pretensión noble. Para ellos esta es una larga partida que solo habrán ganado si algún día consiguen acabar con la democracia. Su ataque a Garzón es una batalla contra todos y el poder judicial no puede olvidar esto. Saber quien interpone la demanda es esencial para comprender su alcance sean cuales sean los argumentos jurídicos, que nunca son simplemente técnicos. La demanda cuenta además con el favor de otros que fueron perjudicados por anteriores procedimientos impulsados por Garzón y a quienes no les importa quien gane siempre y cuando él pierda, anteponiendo venganzas personales al interés general.
La batalla que se libra no es baladí y por eso implica a instituciones fundamentales del estado. Lo que está en juego, además de las legítimas reparaciones, es la instauración de una memoria colectiva que impulse una nueva conciencia de país sustentada en principios democráticos, sustituyendo a la más extendida, fundamentada en mitos conservadores difundidos por todos los medios disponibles durante la dictadura y que se mantiene como predominante hasta nuestros días.
La justicia a la que podemos aspirar debe parecerse mucho a la que Garzón ha puesto en práctica. Para mostrar que otras formas son posibles, ha tenido que buscar fisuras, convertirse en un hacker jurídico que encuentra la manera de violentar los sistemas de seguridad y protección establecidos para salvaguardar intereses que, desde luego, no son los de todos.
Por todos estos motivos y los que tantas otras personas han explicado ya, me adhiero a la campaña en su favor promoviendo la firma del Manifiesto por la Justicia de Garzón