El activismo de los clubs logró que el Parlament de Catalunya
aprobará en 2017 una ley que reguló su actividad, la más completa
que se había hecho hasta la fecha en España. Recibió el apoyo de todos los partidos, salvo el PP, que presentó un recurso al Tribunal
Constitucional que acabó con la ley catalana al considerar que
esta había invadido competencias que no le correspondían. Navarra
había emulado el texto catalán y sufrió la misma sentencia.