El proyecto Las políticas públicas de impulso a la sociedad de la información en España: Evaluación de las estrategias y actuaciones en nueve comunidades autónomas forma parte del Plan Nacional de I+D+i, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
» Resumen
» Finalidad del proyecto
» Antecedentes
| RESUMEN |
El proyecto se propone evaluar las políticas de impulso a la sociedad de la información en nueve comunidades autónomas españolas: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco.
Este proyecto parte de los resultados de una investigación anterior subvencionada (Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia, SEC-2003/07024), en la que se estableció un modelo propio de análisis métrico de 24 indicadores (Índice Localcom, basado en tres categorías: oportunidades, infraestructuras y usos); y un modelo descriptivo para el estudio de las políticas autonómicas en tecnologías de la información y la comunicación (Modelo PSI).
El presente proyecto, que da continuidad a la investigación anterior, propone una metodología específica para la evaluación y seguimiento de las políticas y actuaciones públicas de impulso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las nueve comunidades autónomas citadas, a partir de un modelo de análisis cuantitativo y cualitativo basado en criterios internacionalmente aceptados (pertinencia, efectividad, coherencia, permanencia eficacia, impacto y eficiencia).
| FINALIDAD DEL PROYECTO |
El proyecto tiene el propósito de elaborar y aplicar una metodología innovadora y adecuada para la evaluación de las políticas de impulso a la sociedad de la información en los espacios locales, representados en la presente investigación por las comunidades autónomas españolas. Esta metodología se inscribe, por una parte, en la cultura internacional de evaluación de las políticas públicas y está vinculada, por otra, a los criterios priorizados por las distintas autonomías.
La evaluación de toda política consiste principalmente en determinar si los medios jurídicos, administrativos y financieros implementados permiten producir los efectos esperados por la misma y alcanzar los objetivos que se le fijan. En este sentido, toda evaluación intenta responder a un conjunto de cuestiones relativas a las acciones políticas, su ejecución y sus efectos. Los procesos de evaluación permiten objetivar en qué medida las políticas evaluadas poseen las principales “cualidades” que definen idealmente una “buena” política.
El ámbito de la evaluación propuesta queda delimitado por el modelo desarrollado en una investigación previa, que ha descrito las políticas de la sociedad de la información en las comunidades autónomas españolas (Modelo PSI), identificando en cada una de ellas los planes directores, las actuaciones sectoriales, los organismos de coordinación, las entidades ejecutoras de las políticas y las estrategias empresariales (véase el apartado 3.2. Antecedentes y resultados previos).
| ANTECEDENTES |
El sector de la comunicación es uno de los dinamizadores de las profundas trasformaciones registradas en la sociedad desarrollada durante las últimas décadas. Las máximas instituciones internacionales y regionales reconocen que, la súbita aparición primero y luego la importancia creciente de las tecnologías de la información y la comunicación en las esferas profesionales y privadas, ha acarreado amplias repercusiones en el sistema económico, institucional y social. Desde esta perspectiva es preciso garantizar que la transición hacia este nuevo modelo comunicativo, por rápido o lento que el proceso se desarrolle, no deje al margen a ningún sector de la sociedad y que los frutos derivados del crecimiento se compartan equitativamente (Estrategia de Lisboa del Consejo Europeo, 2000; Iniciativa eEuropa de la Comisión Europea, 1999, etc.).
En junio de 2005, la Comisión Europea puso en marcha la “Iniciativa i2010” para fomentar el crecimiento económico y el empleo en la sociedad de la información. Se trata de una estrategia global para el despliegue y la modernización de los instrumentos políticos de la UE que deben propiciar el desarrollo de la economía digital (instrumentos reguladores, investigación aplicada en este campo y acuerdos de colaboración con la industria). Uno de los componentes de esta estrategia, el programa de soporte a las políticas TIC, refleja la preocupación creciente por investigar y evaluar, desde una perspectiva innovadora, la pertinencia y efectividad de las políticas públicas que se promueven en este ámbito (Iniciativa i2010, 2005, pp 5-7).
En términos generales, una política debe ser entendida como una estrategia o un objetivo (u objetivos), implementado mediante una serie de Instrumentos de política. Desde esta perspectiva, las políticas tienen un carácter marcadamente dinámico y evolutivo, condicionado por los distintos instrumentos de política que se añaden, retiran o modifican a lo largo del tiempo. Los objetivos de la política están también sometidos a modificaciones similares, así como cambiante es su importancia relativa (European Commission, 2004, p. 91).
El proyecto Nueva tecnología de la información y cambio comunicativo en las comunidades autónomas españolas, desarrollado por el Grupo Investigador Localcom, en el marco del programa de ayudas a Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación y Ciencia (SEC-2003-2006/07024), permitió establecer un modelo de indicadores para comparar la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades autónomas españolas. En síntesis, el proyecto abordó el cambio comunicativo y la pertinencia de la investigación en el ámbito local. Se hizo a partir del análisis comparativo de las oportunidades, las infraestructuras y los usos que configuran las nuevas relaciones digitales; de la identificación de las políticas de reequilibrio territorial en tecnologías de la información y la comunicación; y de la descripción del papel de las instituciones locales y los actores sociales en la definición de estrategias de infraestructuras, contenidos y servicios (M. Murciano, dir. 2008).
A partir de los resultados de esta primera aportación al tema, se ha puesto en evidencia la necesidad de emprender una segunda fase de análisis que, en base a los indicadores propios elaborados y a los distintos modelos autonómicos descritos, avance en la evaluación de las políticas públicas implementadas con el objetivo de facilitar a gestores y ejecutivos la toma de decisiones en el terreno de la sociedad de la información.
Para dar continuidad al estudio previo sobre el papel de las TIC en el cambio comunicativo a escala local, el grupo parte del siguiente diagnóstico, fundamentado en los datos empíricos ya obtenidos:
- En primer lugar, la infraestructura TIC instalada en España es desigual e insuficiente. Del análisis global de los indicadores seleccionados por el Índice Localcom se desprende una realidad emergente en la que destacan unas comunidades autónomas sobresalientes (Madrid, Cataluña y País Vasco) en contraste con otras rezagadas (Castilla La Mancha, Andalucía, Galicia y Castilla y León) que pierden terreno en el nuevo contexto digital y acumulan un déficit importante en sectores claves como el despliegue de infraestructuras, el capital humano, la cultura de la innovación tecnológica y la economía del conocimiento.
- En segundo lugar, las teorías y las herramientas relativas a la eficaz utilización regional de las TIC todavía no se ha desarrollado. Así pues, aun cuando el despliegue de infraestructuras avanza, y es notable, podemos afirmar que se carece todavía de la investigación crítica necesaria y de una evaluación de su uso efectivo. La aplicación a escala local de los modelos macro para la solución de problemas sociales mediante la utilización eficaz de las TIC, pueden resultar inadecuados o limitados. Dado que el desafío inmediato está en concentrar la acción pública en los ámbitos políticos estratégicos que hagan avanzar la sociedad de la información, es preciso implementar paralelamente mecanismos de seguimiento de las políticas que sean efectivos y que permitan evaluar de forma sistemática los resultados alcanzados.
- En tercer lugar, se debe mencionar también la falta de capital humano capacitado para la dirección de las tareas relacionadas con la implementación de las políticas TIC y con la plena utilización de estas tecnologías a escala local. Hay una concentración de personal en las zonas urbanas, lo que profundiza la brecha que aparece entre las comunidades autónomas y en interior de las mismas comunidades. La evaluación de las políticas debe permitir un diagnóstico sobre los niveles de formación que deben alcanzar las personas encargadas de fomentar el pleno empleo de las TIC en el ámbito local.
- En cuarto lugar, es necesario contar con protocolos de implementación innovadores que permitan evaluar de manera homogénea el conjunto de las acciones planificadas en las diferentes comunidades autónomas españolas y que puedan ser asumidos por los responsables de la implementación de las políticas TIC a escala local.