Los días 18 a 20 de abril se celebró en Barcelona el European Jurist Forum. Las ponencias se agruparon en torno a tres materias, una de los cuales era “Derecho privado y de los negocios: crisis bancaria, inversión privada e insolvencia”. El jueves 18 por la tarde tuvo lugar la primera sesión que llevaba por título “Movilidad societaria y gestión de crisis” y el viernes 19 las dos restantes: “El sector bancario europeo: lecciones de la crisis” y “El consumidor como inversor privado”. El sábado 20 se procedió al informe de la sesión en el que se expusieron las conclusiones derivadas de las tres sesiones.
Existe un puente entre las dos sesiones del viernes que ha sido noticia esta semana: la competencia en el mercado crediticio. El pasado martes 23 de abril el periódico Cinco Días se hacía eco de las declaraciones de Enrique García Candelas, director general de banca comercial del Banco de Santander, en las que pronosticaba que el Santander, el BBVA y Caixabank detentarán el 70 por ciento del mercado. Esta situación es producto de la reestructuración bancaria, pues una de las medidas que se adoptaron para luchar contra la crisis financiera fue fomentar la fusión de las entidades de crédito.
Basta leer el preámbulo de la llamada Ley del FROB (Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito) o de la Ley de Cajas (Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros) para darse cuenta de ello.
El resultado de esas medidas es muy peligroso. Por una parte, se han creado entidades de dudosa viabilidad (“zombis bancarios”); por ejemplo, Catalunyacaixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa), cuya venta por el FROB fue suspendida el 4 de marzo de 2013, NCG (Caixa Galicia y Caixanova), Unnim (Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa, que actualmente forma parte del BBVA) o la propia Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia), aunque algunos expertos mantienen su viabilidad. Por otra, se ha reducido el número de operadores en el mercado bancario. Y esta reducción entraña serios riesgos para la competencia, y por lo tanto para el consumidor, puesto que es más fácil que lleguen a acuerdos restrictivos de la competencia o que lleguen a constituir una posición de dominio colectivo. Y ese riesgo se ve incrementado por la participación de algunas de las mayores entidades de crédito existentes en el accionariado de la SAREB, así como por la reducción del ámbito de actuación de las entidades que han recibido ayudas públicas.
Son accionistas suyos Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Español, Banco de Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular y Kutxabank, además del Deutsche Bank y Barclays Bank.
En cuanto a las restricciones a la actividad de las entidades nacionalizadas, véase por ejemplo la noticia publicada en Cinco Días.
Ante esta situación sería deseable una autoridad de la competencia fuerte, que velará por la existencia de una fuerte concurrencia entre los operadores del mercado crediticio español. Desafortunadamente, las propuestas legislativas (Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) se orientan en la dirección contraria, como ha denunciado la doctrina (y dimos cuenta aquí) e incluso la Comisión Europea.