El Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del que dimos noticia aquí, está siendo objeto de feroces críticas. Recogemos dos de distinta naturaleza.
La primera, técnica y fundamentada, procede del catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Valencia Juan Ignacio Ruiz Peris. El pasado 16 de enero publicó en el Diario La Ley un artículo titulado “La reforma institucional del Derecho de la competencia español” en el que analiza los procesos de reforma que están sufriendo las autoridades de la competencia, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Respecto del primero, realiza las objeciones siguientes al Proyecto de Ley.
En primer lugar, la unificación de la Comisión Nacional de la Competencia con los reguladores sectoriales generará problemas de ejecución, puesto que tienen funciones y culturas diferentes. Segundo, las eficiencias buscadas con el Proyecto se podrían conseguir con una fórmula menos agresiva. Propone un modelo dual, similar al vigente en Alemania, en el que convivirían la autoridad de la competencia con un regulador multisectorial independiente.
Tercero, el régimen de nombramiento de los primeros miembros de la futura Comisión no aprovecha los conocimientos y experiencia de los actualmente existentes. Cuarto, no está claro el carácter de los consejeros. Existen dos posibilidades. La primera es que sean auténticos especialistas que analicen todos los asuntos que les envíen las cuatro direcciones. El problema es que nueve miembros parecen pocos para el volumen de trabajo que se espera. La segunda posibilidad es que se limiten a supervisar la actuación de los Directores, “nombrados por el gobierno sin veto parlamentario”. En este caso existe un evidente problema de dependencia. Y quinto, hay algunos extremos que precisan mayor reflexión, como el interés tutelado y la inclusión entre las competencias de la Comisión la impugnación de actos administrativos que afecten a la unidad de mercado y funciones arbitrales.
Consecuentemente el autor propone “…quitar el pie del acelerador en el proceso de aprobación de la ley y dar paso a un período de consultas que permitiera una valoración más rica en aportaciones respecto de las ventajas e inconvenientes del modelo seguido y de sus posibles alternativas, con participación de expertos nacionales y de representantes de las autoridades que se toman como modelo en varios niveles y sectores”.
Por otra parte, Cristina Narbona, ex Ministra de Medio Ambiente y actual portavoz socialista de cambio climático en el Congreso, comenta las críticas que la Comisión Europea ha hecho al Proyecto en el artículo “La reforma de los reguladores”, publicado en Cinco Días el 20.12.2012. Explica que la Comisión ya se pronunció negativamente respecto del Anteproyecto debido a las dudas que existían acerca de la independencia y eficiencia de la futura autoridad. La falta de reacción del Gobierno ha generado una carta de la Comisión que contiene varias objeciones al Proyecto. Esencialmente, cuestiona la independencia de los órganos de dirección de la futura Comisión, su financiación y la devolución de competencias y funciones al Gobierno.